Este martes, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en diferentes oficinas de La Plata en el marco de la investigación por los "sacamultas". El escándalo se desató luego de que salió a la luz las maniobras de gestores y empleados que ofrecían borrar por la mitad o menos del monto acumulado todas las infracciones con la colaboración de los Juzgados de Faltas.
En simultáneo, varias oficinas que están bajo la lupa de la fiscalía que encabeza Álvaro Garganta, fueron allanadas por el personal de la Unidad de Delitos Complejos en busca de material clave para la investigación. De esa forma, se conoció que allanaron oficinas de la empresa intermediaria de las VTV ubicadas en la zona céntrica de la Ciudad.
Según se pudo saber, los agentes buscaban documentación relativa a la licitación pública para la explotación de los servicios de Verificación Técnica Vehicular y también contable digital o en papel, como también softwares de la empresa.
Dicha investigación se originó a partir de un denunciante, que especificó que esta red operaría no sólo en La Plata sino en todo el ámbito provincial, y que tras esa primera denuncia se sumó la que formulara una de las empresas que saca las fotomultas.
Con el patrocinio de la Fiscalía de Estado, el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Jorge D’Onofrio, informó que “se puso a disposición de la Justicia para facilitar la información requerida por el fiscal Alvaro Garganta ante la denuncia”.
Sin embargo, una denuncia por presunta corrupción presentada en la justicia federal de Campana, tiene al ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’Onofrio, en la mira. Según el expediente judicial, tanto D’Onofrio, como su pareja Claudia Pombo -presidenta del Concejo Deliberante de Pilar- y un asistente de ambos que también es funcionario bonaerense, Mario Quattrocci, habrían armado un sistema de presunta corrupción para eliminar multas de tránsito previo pago de una coima.
En la presentación se habla de un fraude en perjuicio de la administración pública por miles de millones de pesos, a partir de lo que llama una “estructura criminal” dedicada a “matar multas” y de la que formarían parte gestores y funcionarios públicos.
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